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dos fiscales piden investigar a sabbatella por presunta corrupcion

26-SEP/2013

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Los fiscales Germán Moldes y Guillermo Marijuan pidieron a los jueces de la Cámara Federal de la Capital que reabran la causa contra el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, por recaudar dinero para su partido, Nuevo Encuentro, con el descuento que realiza del 8% del sueldo bruto a 80 empleados del organismo oficial, que ingresaron durante su gestión.

No hay antecedentes de otros empleados de AFSCA que donen parte de su sueldo a otros partidos políticos.

El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, afirma que “los hechos detallados presentarían ribetes criminales y que constituirían actos de corrupción de una gravedad advertida en diversos acuerdos internacionales de los que la Argentina es parte signataria”, como las convenciones Americana y de Naciones Unidas contra la Corrupción, según el escrito que presentó el 2 de septiembre.

Los fiscales Moldes y Guillermo Marijuan sostienen que el juez federal Sebastián Casanello cerró en forma errónea la causa, porque se basó en el dictamen del fiscal subrogante Federal N° 2 de Mar del Plata, Pablo Larriera -de Justicia Legítima- quien pidió desestimar la denuncia, pese a que el juez de esa ciudad no le hizo una consulta a dicho fiscal sobre el fondo de la causa, sino por “la competencia” territorial, que luego envió a Capital, donde le tocó al juez Casanello -que investiga también a Lázaro Báez por lavado de dinero-.

El fiscal que trabaja con Casanello, Marijuan, coincidió con Moldes en que Larriera opinó sobre una “cuestión que le resultaba ajena”. Y pidió realizar “diligencias” para comprobar si le están descontando el 8% del sueldo a los empleados de AFSCA y “acreditar si efectivamente existió por parte del imputado, cómplices o encubridores, alguna maniobra constitutiva de un delito de acción pública”.

La denuncia originaria la inició el fiscal general del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, a partir de una nota publicada por este cronista en Clarín. Pettigiani sostuvo que la actitud de Sabbatella “resulta repugnante” al ordenamiento penal y a “todas las aristas legales que regulan la administración pública, su acceso y desempeño”. En las 17 páginas de esa denuncia, el fiscal Pettigiani aseguró que hay una “expresa prohibición de la financiación de partidos políticos por medio del salario de los empleados de entes gubernamentales, que aporten a los partidos dirigidos por sus superiores en el organismo”.

Luego de un racconto sobre la imposibilidad de los empleados de rechazar ese aporte “voluntario”, Pettigiani dijo que “la gravedad de la situación radica” en que se convierte a organismos estatales en fuente de financiación de agrupaciones políticas” y que “el propio Estado, a través de sus funcionarios, somete extorsivamente a quienes acceden al empleo o necesitan de él para sustentarse”.

Al apoderado de Nuevo Encuentro, Damián Toppino le llamó la atención “que un fiscal se haga eco de una publicación periodística aparecida en el diario Clarín”; pero ratificó que los “aportes voluntarios” de los empleados de AFSCA, se concretan “por medio de descuentos que ellos solicitan en sus sueldos”. Y dijo que “es una forma legítima y transparente de financiamiento” político, que también la tienen otros partidos.

La decisión de revocar el fallo del juez Casanello e investigar a Sabbatella, a partir de lo solicitado por los fiscales Marijuan y Moldes, está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

Fuente: Clarín


 

ZAFO SABBATELLA EN LA CAUSA DEL DIEZMO DE LOS EMPLEADOS-MILITANTES DE LA AFSCA

27-JUN/2016

La sala I de la Cámara Federal ratificó un fallo de Casanello. Entendió que no hubo delito en los aportes partidarios realizados por los ex trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro. La denuncia la había presentado un fiscal cercano al PRO.

“Inexistencia de delito”. Esa fue la conclusión a la que llegó la sala I de la Cámara Federal ante la denuncia de un fiscal de Mar del Plata armada en base a una nota del diario Clarín. El tribunal de segunda instancia ratificó así la decisión del juez Sebastian Casanello, quien había considerado que no había nada irregular en el aporte partidario que realizaban los trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro, la fuerza que conduce Martín Sabbatella. “Aportamos porque queremos, aportamos porque tenemos un compromiso con la fuerza política en la militamos y aportamos porque creemos en los partidos políticos y en la política”, aseguró tras conocerse el fallo el ex director de Asuntos Legales de la Afsca, Sergio Zurano, integrante de la mesa nacional de NE.

La causa judicial se inició a raíz de una nota de 2013 de Alejandro Alfie, titulada “Denuncian que Sabbatella hace caja en la AFSCA para su partido político”. A partir de esa publicación en el diario propiedad de Héctor Magnetto, donde no se identificó a ninguno de los presuntos “denunciantes”, el fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia en la Justicia local, que se declaró incompetente y giró el expediente al fuero federal porteño. Por sorteo, la investigación recayó en Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que hoy investiga el caso Báez. En junio de 2014, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), había declarado su cercanía con el impulsor de la denuncia contra Sabbatella: “Me interesaría muchísimo que Juan Manuel Pettigiani sea el candidato a intendente de Macri en el 2015 en Mar del Plata”, dijo el entonces armador político del macrismo.

A pedido de Marijuán se tomaron medidas de prueba para determinar si había algún incumplimiento a la ley de financiamiento de los partidos políticos y si los trabajadores del Afsca habían sido obligados a aportar el 8 por ciento de su sueldo a la agrupación. Se citó al azar al 10 por ciento de los empleados que realizaban los aportes, quienes ratificaron en declaración testimonial que habían consentido voluntariamente el descuento en sus recibos de sueldo. Los abogados defensores de Nuevo Encuentro remitieron a la justicia la Carta Orgánica de la agrupación donde se establecen este tipo de aportes, igual que en muchos partidos políticos, incluído el GEN, el ARI e incluso el PRO. De hecho, la Carta Orgánica del partido que lidera Macri dice en su artículo 38 que su patrimonio se compondrá, entre otras cosas, por “el aporte del 10 por ciento de las remuneraciones de quienes ocupen cargos rentados en el orden municipal, provincial o nacional, sean electivos o designaciones hechas a propuesta de las autoridades del partido”. El ex director de la Afsca por la oposición, Gerardo Millman, entonces integrante del GEN y devenido funcionario macrista, también realizaba un aporte en su recibo de sueldo, a pedido de Margarita Stolbizer.

Ante la apelación del fallo de Casanello, la Cámara entendió que era necesario tomar más medidas de prueba antes de descartar la denuncia. Se adjuntó entonces una nota ante escribano público de todos los empleados de la Afsca que aportaban a Nuevo Encuentro, en donde manifestaron: “No hay coacción alguna hacia nosotros porque estamos convencidos de la trascendencia de los partidos políticos para el sistema democrático de este país y, por consiguiente, de la necesidad de contribuir a su funcionamiento transparente.”

Además, al desestimar la denuncia, la Cámara remarcó que solo 135 empleados sobre 457 que tenía el Afsca realizaron los aportes. Según el voto del camarista Jorge Ballesteros esto ayudó a “fortalecer lo sostenido por los propios agentes en cuanto a la libertad que han tenido para elegir contribuir patrimonialmente al partido al que adherían”. Eduardo Freiler coincidió con el voto de Ballesteros, mientras que el tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, consideró que pese al escrito ante escribano debió haberse citado a declarar como testigos a todos los empleados.

Fuente: Página 12

Revocan fallo que ordenaba reincorporar a contratados de la ex-Afsca en Córdoba

15-AGO/2016

Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones. Los trabajadores interpusieron un amparo solicitando que se declare la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, invocando "conductas discriminatorias y persecutorias".

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió hoy (11 de agosto) revocar la medida cautelar que ordenaba reincorporar a los trabajadores contratados de la delegación local de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), hoy Ente Nacional de Comunicación (Enacom).

La Sala A de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Avalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi, resolvió "revocar" la medida cautelar dictada el 14 de abril de 2016 por el juez federal N° 3 de Córdoba, "debiendo el juez inferior tramitar con la celeridad del caso la presente acción de amparo a fin de llegar a una sentencia que resuelva el fondo de la pretensión de los amparistas".

Los trabajadores contratados interpusieron un amparo contra de la ex Afsca Córdoba solicitando se declare la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, invocando "conductas discriminatorias y persecutorias asumidas por las autoridades de la intervención" del ente dispuesta por el actual gobierno nacional.

Precisa la cámara que con fecha 14 de abril de 2016 "el señor juez titular del Juzgado Federal N° 3 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los accionantes, disponiendo que -previa fianza de cinco letrados de la matrícula-, se ordene la reinstalación laboral provisoria de los demandantes".

Esto motivó que Enacom interpusiera un recurso de apelación en contra de ese fallo, que la cámara resolvió hoy revocando la medida cautelar.

Fuente: Telam


 

CAMARA CONFIRMA PROCESAMIENTO DE SABBATELLA Y 7 EXFUNCIONARIOS EN LA CAUSA CLARIN

31-AGO/2017

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah) resolvió confirmar el procesamiento de Martín Sabbatella y otros directores y ejecutivos del exAfsca por el delito de abuso de autoridad decretado por el juez Claudio Bonadio, por entender que la orden dispuesta para iniciar la adecuación de oficio de las licencias del Grupo Clarín fue dictada de manera intempestiva y en contra de la dirección primigeniamente adoptada, según se deriva de los propios actos de la autoridad de aplicación.

Este es el segundo procesamiento que tiene Sabbatella en lo que va del año. En julio el juez Luis Rodríguez lo procesó en la causa por los subisdios Fomeca.

El procesamiento incluye a los integrantes del directorio en representación del kirchnerismo Néstor Raúl Avalle, Ignacio Saavedra, Claudio Alberto Schifer y Eduardo Francisco Rinesi: También se encuentran incluídos los exempleados con funciones jerarquicas - designados a dedo sin concurso - Lorena Milca Di Filippo, Sergio Ernesto Zurano y Guillermo Marcelo Pérez Vacchini.

El Tribunal entendió que la adopción de la Resolución 1121/2014 fue inesperada, porque el administrado –el Grupo Clarín- había dado formal respuesta a la intimación y apurado por la vorágine del trámite impreso en las cuarenta y ocho horas previas a su dictado. Además, el Tribunal señaló que ninguna de estas características se vio reflejada en los otros expedientes administrativos de los restantes grupos económicos revisados, los que exhiben un trámite laxo que en ningún caso muestra una decisión drástica.

Por último, se destacó que los testimonios de los otros directores Gerardo Milman y Marcelo Stubrin -que se abstuvieron de votar en esa ocasión- reflejaron la dificultad de conocer debidamente el tema que fue llevado a resolver sin encontrarse previsto en la orden del día.

 

procesados, sabbatella y otros 7 funcionarios de su gestion en afsca, por el "desguace" el grupo clarin

29-MAY/2017

El ex titular del extinguido Afsca, Martín Sabbatella, fue procesado por intentar adecuar de oficio al Grupo Clarín a la ahora vieja ley de medios.

La decisión la tomó el juez federal Claudio Bonadio el viernes 25 en el expediente en el que Sabbatella está acusado del delito de abuso de autoridad por haberle dado al expediente del Grupo Clarín un trámite distinto al de otras empresas. El magistrado también le trabó un embargo por 100 mil pesos.

Bonadio también procesó por abuso de autoridad a otras siete personas: cuatro miembros del directorio de Afsca -Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle y Eduardo Rinesi- y tres directores-militantes del organismo: Sergio Zurano, Guillermo Pérez Vacchini y Lorena De Filippo. Todos fueron embargados.

Sabbatella era presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bonadío cree que el expediente de adecuación del Grupo Clarín tuvo "diferencias en la aplicación del procedimiento, en los plazos otorgados y en los 6 dictámenes emitidos", frente a otros grupos.

El conflicto se intensificó cuando el Afsca rechazó el plan de adecuación voluntario del Grupo y ordenó la adecuación de oficio, que finalmente fue anulada por el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials.

El magistrado subrayó en su sentencia que en los otros casos, en cambio, "no hubo resolución administrativa que dé fin al proceso de adecuación iniciado o que rechace el mismo y se comience con la adecuación de oficio".

"Si bien el trámite que se le dio al expediente del Grupo Clarín es correcto en cuanto a su procedimiento, se establece la diferencia con el dado a los expedientes de los otros grupos de medios, lo que demuestra, a mi entender, que esta potestad legal fue utilizada ilegalmente a fin de perjudicar al Grupo Clarín", evaluó el juez.

Sabbatella reaccionó con críticas a Bonadío y al Grupo Clarín. "Actuamos de acuerdo a derecho, iniciando el proceso de adecuación tal como estaba establecido en la norma. La causa no se basa en lo que efectivamente pasó", sostuvo.

"Este caso es solo un capítulo más del show mediático, judicial y político de persecución que montaron para saquear la Argentina", añadió.

sabbatella declaro en el juzgado de bonadio en la causa por el "desguace" el grupo clarin

06-ABR/2017

El líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, declaró hoy (miércoles 5) ante la Justicia que actuó "ajustado a derecho" a la norma que le "tocaba aplicar", cuando ordenó como director de la AFSCA la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El exfuncionario se presentó a indagatoria en el juzgado federal de Claudio Bonadio, quien no estuvo presente al momento de la exposición, en el marco de la causa en su contra hecha por Clarín, que lo acusó de "abuso de autoridad e incompatibilidad con los deberes de funcionario público".

 



El dirigente llegó a Comodoro Py cerca de las 9:00 junto a sus abogados defensores, Alejandro Rúa, Graciaña Peñafort y Elizabeth Gómez Alcorta, y presentó un escrito.

"Niego absolutamente todo lo que se me imputa, es absolutamente falso. Ratifico que he actuado ajustado a derecho a la ley que me tocaba aplicar y al reglamento del organismo que presidía", sostuvo Sabbatella en el Juzgado Federal 11.

El conglomerado de medios inició la acción penal a fines de 2014 al considerar que la orden para adecuarse de oficio a la Ley de Medios, modificada luego radicalmente por decreto del presidente Mauricio Macri, se produjo "de manera arbitraria" teniendo en cuenta que habían presentado una propuesta para adaptarse de manera voluntaria.

Sin embargo, Sabbatella explicó que esa presentación de Clarín fue parcialmente rechazada porque "los socios intentaban simular la división del grupo en seis unidades independientes que, en verdad, estaban conectadas en varias sociedades en Argentina, Panamá, Estados Unidos y Nueva Zelanda".

En ese marco, el desaparecido ente nacional comenzó los trabajos de oficio para que la empresa se desprendiera de sus señales, lo que fue apelado en la Justicia y generó la acusación contra Sabbatella.

"Creo que esta denuncia además de falsa, es maliciosa, y tenía la intención de trabar la aplicación de la ley con el grupo que ostenta la mayor concentración democrática, posición dominante y tendencia monopólica en el mercado de la comunicación audiovisual", opinó al respecto el referente kirchnerista.

Asimismo, el exdirector de la exAFSCA aseguró "que la ley se aplicó en igualdad de condiciones para todos los grupos con la misma vara" y que no hubo "excepciones ni privilegios para nadie".

En su declaración, el dirigente asegura que "el objetivo (de la firma) era seguir con esa concentración extorsionando a los poderes públicos, condicionando la democracia, sus instituciones y lesionando la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la variedad de expresiones que en nuestra Patria existen".

"El Grupo Clarín se dedicó primero a tratar de que no salga la ley, después a trabarla judicialmente y, una vez que se definió la constitucionalidad de la misma, a hacer trampa para no cumplirla", agregó en su declaración.

Sabbatella apuntó finalmente a "una tríada conformada por el partido judicial, el partido mediático y las corporaciones económicas que se dedicaron a bloquear la aplicación de la ley" y cuestionó: "Creo que acá tendría que estar sentado Magnetto y no yo".

Fuente: NA

 

por supuestos abusos contra el grupo clarin, indagaran a sabbatella y otros 7 exfuncionarios k

22-FEB/2017

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) será indagado por los supuestos abusos cometidos contra el Grupo Clarín en la aplicación de la llamada Ley de Medios. El juez federal Claudio Bonadio lo citó para el próximo 4 de abril. Antes, deberán comparecer en Comodoro Py otros siete ex funcionarios del desaparecido organismo. Todos están acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, según consignó Clarín en su edición web.

Los otros indagados serán la ex directora de Adecuación y Transferencias, Lorena Di Filippo (que abrirá la secuencia el 22 de marzo), el ex director de Asuntos Jurídicos Sergio Zurano, y los ex directores Alberto Schiffer, Eugenio Saavedra, Néstor Avalle, Eugenio Rinesi y Guillermo Pérez Vacchini.

El antecedente de la causa penal que lleva Bonadio es otra causa en el fuero contencioso administrativo que en su momento sustanció el juez Pablo Cayssials.

En diciembre de 2014, ese magistrado hizo lugar a una acción de amparo y declaró la nulidad de la Resolución AFSCA Nº 1121/14, que había ordenado iniciar la adecuación de oficio de Clarín, pese a que el Grupo había presentado en tiempo y forma su propuesta de adecuación voluntaria a la ley de medios impulsada por el kirchnerismo.

Entonces, el juez consideró que esa resolución “constituyó un medio indirecto para restringir la libertad de expresión no sólo de las citadas firmas [por Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., Radio Mitre S.A. y Cablevisión S.A.], sino también de los periodistas accionantes]”; y que “les asiste razón a los peticionantes (en cuento a la falta de independencia del organismo), en tanto es de público y notorio conocimiento el vínculo que existía entre el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual –señor Martín Sabbatella- y las autoridades del Gobierno, circunstancia que se encuentra plasmada no sólo en los manifestado por las partes y en los informes periodísticos aportados como prueba, sino también en el hecho de que integró la fórmula del frente para la Victoria como candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires… situación que manifiestamente demuestra la incompatibilidad señalada”.

En síntesis, mediante dicha resolución la justicia en lo contencioso administrativo federal encontró acreditada la falta de imparcialidad e independencia en el accionar de los funcionarios que intervinieron en la aprobación de la Resolución Nº 1121-AFSCA/14, procedimiento en el marco del cual –motivado en tal falta de independencia- tuvieron lugar los incumplimientos de los deberes de funcionario público que dieron lugar a la causa penal que ahora tramita Bonadio.

CAMARA CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DE SABBATELLA POR EL OTORGAMIENTO IRREGULAR DE SUBSIDIOS

01-ABR/2019

La Cámara Federal penal porteña confirmó la ampliación del procesamiento del ex titular de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) Martín Sabbatella por la presunta comisión de delito en el otorgamiento de subsidios durante su gestión al frente del organismo durante el último gobierno kirchnerista, según dijeron este jueves fuentes judiciales.

La medida había sido dispuesta el año pasado por el juez federal Luis Rodríguez y fue confirmada esta semana por unanimidad por los tres miembros de la sala I del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los jueces también ratificaron el procesamiento de Andrea Conde, ex directora de Proyectos Especiales del organismo.

Ambos ex funcionarios ya se encontraban procesados por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por otros subsidios irregulares en el AFSCA y con un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos que ahora sumará otro 1,5 millón por un nuevo hecho.

En este caso se trata de dos subsidios otorgados a la Asociación de Prensa de Tucumán por 1,3 millón de pesos y 669.297 pesos, aunque lo efectivamente abonado fueron 975.000 y 501.973 pesos, según las constancias reunidas en la causa y reseñadas en una resolución a la que Clarín tuvo acceso de fuentes judiciales.

De acuerdo con los camaristas, la decisión del juez Rodríguez de ampliar los procesamientos de Sabbatella y Conde fue "acertada" por cuanto la Asociación de Prensa de Tucumán "no cumplía con los requisitos concursales básicos para la concesión de tales beneficios, a pesar de lo cual resultó ganadora en sendas líneas de fomento".

La Cámara ya había confirmado los procesamientos que el juez Rodríguez había dictado originalmente respecto de ambos ex funcionarios en julio de 2017 por los subsidios otorgados al Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral por un total de unos 10 millones de pesos.

En su última resolución, los camaristas recomendaron al juez instructor reunir nuevas pruebas para determinar si el mismo mecanismo irregular en la concesión de los subsidios se dio también con la Cooperativa de Trabajo Construcción y Progreso Ltda. de Formosa y otras entidades señaladas en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).

Fuente: Clarín

 

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SABBATELLA DECLARO EN LA CAUSA POR LOS SUBSIDIOS DEL FOMECA

07-JUL/2017

El ex titular de la extinguida AFSCA, Martín Sabbatella, declaró el miércoles como imputado ante el juez federal Luis Rodríguez por la entrega irregular de subsidios para medios comunitarios (FOMECA) por casi 10 millones de pesos en 2014 y 2015, cuando presidía la AFSCA.

Fuentes judiciales informaron que el referente del kirchnerismo presentó un escrito de descargo y, a la vez, declaró durante la audiencia de indagatoria ante los funcionarios del juzgado y el fiscal federal Carlos Stornelli.

“Todo lo actuado en la gestión del AFSCA que me tocó presidir ha sido ajustado al cumplimiento estricto de la ley y de las normas vigentes”, sostuvo Sabbatella ante el juez Rodríguez y agregó que “la gestión se realizó en la búsqueda de cumplir el objetivo de la ley que es democratizar la palabra, entendiendo que no hay democracia profunda sino se democratizan las voces. Lo que se buscaba era justamente acompañar a los sectores de la comunicación más vulnerables; a los sectores de la comunicación comunitaria, de frontera, de pueblos originarios, para garantizar que en toda la Patria, el conjunto de nuestro Pueblo, con sus historias, tradiciones, culturas e identidades, pueda tomar la palabra y ocupar el centro de la escena pública, para que estén absolutamente todas las voces”.

En tanto, en el escrito presentado, con el patrocinio de los abogados defensores Graciana Peñafort Colombi y Alejandro Rúa, sostiene que “la AFSCA acompañó y fomentó el proceso de ampliación de nuevas voces y miradas y fortaleció a los actores del sector sin fines de lucro, como uno de los objetivos primordiales de la Ley 26.522”.

En tribunales sorprendió cuando le preguntaron a Sabatella por sus estudios. Todos creían que era licenciado, como lo presentaron en algunos actos oficiales. Sin embargo, dijo al juez que tenía "estudios secundarios incompletos". Para ser titular del AFSCA, dice la ley, había que tener una alta calificación profesional.

En la causa se investiga si hubo irregularidades en la entrega de 9.906.010 de pesos en subsidios al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón; Cooperativa de Trabajo Activa Limitada; y Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral.

Además de Sabbatella, el juez Rodríguez también citó a declaración indagatoria por la misma causa a la legisladora porteña Andrea Conde, que era directora de Proyectos Especiales del AFSCA.

Esta causa se inició por una denuncia penal radicada por Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que sucedió a la AFSCA.

Al final lo procesaron (actualizado el 10/07/17)

El extitular de la AFSCA Martín Sabbatella fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por defraudación a la administración pública, a partir de presuntas irregularidades en la entrega de subsidios para medios comunitarios por casi 10 millones de pesos en 2014 y 2015.

Al dictar el procesamiento, el juez dio por probado que "hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio". Las conductas de quienes debían controlar y no lo hicieron "fueron realizadas con dolo directo y con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros", afirmó el magistrado.

"Estoy convencido que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del AFSCA", indicó el magistrado en su fallo.

Sabbatella ya había sido procesado en otra causa por el juez federal Claudio Bonadio, que lo encontró responsable del presunto delito de "abuso de autoridad" y lo embargó en 100 mil pesos por las disposiciones que emitió para adecuar de oficio al Grupo Clarín a la Ley de Medios.

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