La reunión fue pedida por las ONGs con el objetivo de retomar el debate sobre la importancia de medios públicos independientes y de calidad en la consolidación del sistema democrático, que ya había planteado el primer documento llamado "Principios básicos sobre el funcionamiento de la Radio y Televisión Públicas", que se presentó públicamente a fines del año pasado.

La exposición de las propuestas contenidas en este nuevo documento estuvo a cargo del periodista Néstor Sclauzero, del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ante un auditorio raleado, ya que pese a ser un plenario de dos Comisiones, había solo seis diputados presentes, entre ellos el presidente de la de Libertad de Expresión, Guillermo Amstutz (PJ), y el de la Comunicaciones, Osvaldo Nemirovsci (PJ). Las numerosas ausencias generaron un vehemente comentario de la diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida), quien advirtió que "hay diputados que nunca asistieron a las reuniones de Comisión", por lo que los invitó a "renunciar, así podemos conformar una Comisión que pueda trabajar correctamente".

En las propuestas elaboradas por las ONGs, se advierte que para revertir "la falta de una política de Estado que contribuya al desarrollo de medios públicos pluralistas e independientes, el Ejecutivo debería promover el desarrollo y la defensa de una radio y una televisión públicas, que respeten los principios esenciales que caracterizan a estos medios y posibiliten el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los habitantes".

Si bien los legisladores manifestaron en general su coincidencia con el diagnóstico expuesto y las sugerencias propuestas, y celebraron "la participación de asociaciones de la sociedad civil y de periodistas en defensa de los medios públicos", no hubo un compromiso explícito de incluirlas, aunque señalaron que podrían ser tenidas en cuenta en la actual discusión del predictamen sobre Sistema de Medios Públicos que están elaborando los asesores, en base al proyecto de la ex diputada Irma Parentella. En este sentido, Walsh consideró más fácil "avanzar" sobre este proyecto consensuado que "comenzar nuevamente de cero".

Para el Secretario de la Comisión de Libertad de Expresión, Carlos Silva, este texto recoge los resultados de la jornada pública realizada en la Cámara de Diputados, en junio, de la que participaron distintos sectores involucrados en el tema de radiodifusión pública, tanto del Estado, como profesionales y de la sociedad civil.

En la elaboración del documento entregado a los legisladores participaron la Asociación por los Derechos Cíviles (ADC), Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Natuarles (FARN), la Asociación Periodistas y FOPEA. Asimismo hicieron sus aportes entre otros especialistas y académicos, la directora de Radio Nacional, Mona Moncalvillo; el profesor de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA Guillermo Mastrini, los periodistas Martín Becerra y Eduardo Cura. También fue girado para su consulta al Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. El proyecto cuenta con el auspicio de la Embajada Británica en Buenos Aires.

Esta serie de propuestas ya habían sido presentadas al interventor de Canal 7, Ricardo Palacio, y a la Directora Periodística de esa emisora, Ana De Skalon, quienes las recibieron favorablemente, aunque no avanzaron en un compromiso de impulsarlas con vistas a la finalización de la actual intervención, el 23 de septiembre. Ese día venció la tercera prórroga de la intervención al Sistema de Medios Públicos y el objetivo de las ONGs es que al dictarse una nueva –como ya adelantó que sucederá Palacio-, el gobierno tenga en cuenta algunas de la propuestas contenidas en este trabajo. Con este objetivo, también está pedida una reunión con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, que aún no se concretó.

Uno de los aspectos donde ponen énfasis las organizaciones es en la "inexistencia de una normativa para los medios públicos", ya que consideran que "esta grave inestabilidad institucional constituye una fuente continua de inseguridad e incertidumbre". En este sentido, proponen "sancionar una ley de radiodifusión pública que promueva un diseño institucional que asegure su independencia y viabilidad".

Asimismo, consideran necesario crear "una entidad pública encargada de la administración, operación y desarrollo de los medios de radiodifusión televisiva y radial de gestión estatal que reemplace al actual SNMP establecido por medio del decreto 94/01", y "dotar a Canal 7 y a Radio Nacional de un estatuto que establezca claramente sus funciones, objetivos, administración, financiamiento, responsabilidades, modos de rendición de cuentas, contenidos de la programación, y todas aquellas cuestiones que hacen a su normal funcionamiento".

Otro de los ejes de la propuestas impulsadas por las ONGs se refiere a la "falta de independencia de los medios públicos en relación a los gobiernos, lo que impide el desarrollo de una radio y una televisión pública no gubernamental". En este sentido, proponen la formación de "un Directorio para la entidad pública encargado de establecer las políticas generales de Canal 7 y Radio Nacional sin interferir en la tarea ejecutiva cotidiana, de modo de alcanzar la distancia necesaria para actuar como punto de conexión entre las autoridades gubernamentales y los directores ejecutivos de las emisoras". Según señalan, este Directorio debería estar integrado por siete miembros, que cumplirían sus funciones de manera rentada, y, entre sus funciones, figurarían "el establecimiento de las estrategias generales, la presentación de informes anuales a una Comisión Bicameral encargada del control externo y el nombramiento por mayoría simple de los directores ejecutivos de la radio y la televisión públicas".

Para llevar adelante la tarea ejecutiva cotidiana de Canal 7 y Radio Nacional, el documento propone que sus respectivos directores ejecutivos sean "personas con reconocida idoneidad" y "experiencia previa en la gestión de medios".

La ausencia de controles externos sobre las emisoras fue otra de las falencias detectadas por las ONGs, "lo cual -según el documento- incrementa una cultura de falta de rendición de cuentas en torno a la gestión de los medios públicos". En este sentido, la propuesta es establecer como mecanismos de control, una Comisión Bicameral especial para cumplir con el rol de control externo sobre la entidad, la creación de "la figura del Defensor de la Audiencia que tendría a su cargo la defensa de los intereses del público", y la formación de un "Consejo Nacional de la Radiodifusión Pública formado por representantes del ámbito científico, educativo y cultural, periodistas, sindicatos de trabajadores de los medios públicos y privados, organizaciones no partidarias con fines sociales, educativos, culturales o de defensa al consumidor, propietarios de medios privados y universidades".

En este punto, la diputada Alicia Tate (UCR) mencionó el proyecto que presentó en el mes de agosto,  que dispone la creación, en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, de la oficina del "Defensor de los derechos del usuario de los medios de comunicación del Estado", figura que -según explicó Sclauzero- se emparentaría con la del "Defensor de la Audiencia" contenida en el documento y cuya función sería "velar por la defensa de los intereses del público y el cumplimiento de las pautas de programación establecidas; recoger críticas e inquietudes de los usuarios de los medios públicos, y actuar contra los abusos o irregularidades que pudieran ocurrir".

Durante su exposición ante los legisladores, Sclauzero hizo hincapié en "la imposibilidad de libre acceso a la programación en gran parte del territorio nacional". En efecto, el documento advierte que , "a pesar de la creencia generalizada de que la programación del Canal llega por aire a todo el país, esto no ocurre no sólo en localidades remotas, sino tampoco en varias de las ciudades más pobladas del país", y agregó que "en muchas provincias, la gente debe pagar para ver el canal estatal". Por eso, reclamó "establecer como principio rector en materia de radiodifusión pública la maximización de la cobertura tendiente a lograr el acceso de la programación en todo el territorio nacional", y en particular, en las zonas fronterizas.