A continuación se reproduce la fundamentación del proyecto presentado por el diputado Mario Cafiero, acompañado por los diputados Alicia Castro, Patricia Walsh, Jorge Rivas, Eduardo Macaluse y Claudio Lozano.

Absolutamente nada hacía presagiar esta decisión y mucho menos asumida por vía de un decreto de necesidad y urgencia cuyos considerandos adolecen de una debilidad tan manifiesta que despiertan conjeturas de toda índole, empañando aun mas una relación que debe ser prístina en bien de la democracia, como lo es la del gobierno con los grandes medios de comunicación, que ya públicamente ha sido puesta en entredicho con motivo de la distribución de los avisos oficiales.

Esta transparencia debería esmerarse máxime en circunstancias preelectorales, en momentos en que el gobierno ha declarado públicamente que pretende plebiscitar su gestión, dejando de tal manera planteado el crudo interrogante si este gracioso favor concedido a los grandes medios de comunicación, es el instrumento para plasmar exitosamente ese plebiscito.

En los fundamentos del decreto se alude a la ley 25.561 que declaró la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dicha norma fue luego prorrogada por la ley 25.972 en lo que ya parece un estado de emergencia perpetuo. No obstante, el PE persiste en publicitar sus presuntos éxitos en diversos frentes (canje de la deuda externa, baja de la desocupación, control de la inflación, records de superávit fiscal, etc.).

Debe notarse que, las leyes citadas ya importaron delegación de facultades en los términos del art. 76 de la Constitución Nacional, pese a lo cual esas atribuciones parecen seguir siendo insuficientes y se recurre profusamente a los decretos de necesidad y urgencia como otra forma de legislar 'in extremis' de manera habitual.

Las leyes invocadas no aludieron a la 'emergencia de la radiodifusión'. Ello es suplido por el decreto señalando que medió una suerte de 'olvido' en tal sentido. Dice al respecto el decreto que: '... a la fecha no se ha tenido en cuenta la situación particular que han debido atravesar los licenciatarios de medios de radiodifusión...'.

Esta afirmación resulta falsa, ya que en el año 2003, inmediatamente después del acto electoral, y como si hubiese sido consecuencia del mismo, el Congreso por impulso de la bancada oficialista sancionó la ley de preservación de bienes y patrimonio cultural - Ley Nº 25.750 que protege las industrias culturales. Se observa así una situación cíclica, en la que los cambios de normas que favorecen a todos o determinados medios de comunicación, coinciden con las campañas electorales en las que interviene el oficialismo, dejando plasmada la sospecha si esos cambios obedecen a pagos de favores, o a promesas de favores, por parte de un sector que resulta decisivo para generar lo que se llama el 'estado de la opinión pública', que es la que decide con su voto, se trate o no de plebiscito.

Luego el decreto ley alude a los altos costos que han debido afrontar los operadores de medios, a la recesión, al remedio concursal elegido por muchos y concluye señalando su endeudamiento externo como una de las más graves causas que padecen los prestadores para brindar un servicio interno de calidad. Pero sorprendentemente, luego de insinuar las particularidades de dicha 'crisis', acepta seguidamente que la misma parece haber superado la etapa más difícil. Es entonces cuando igualmente reclama, por voz de los prestadores, un horizonte de previsibilidad que involucre plazos mínimos para reponerse de la situación.

Cabe apuntar al respecto que el Congreso tuvo en cuenta en el año 2002 la particular situación de los grandes medios de comunicación expuesta, en la modificación que introdujo a la ley de quiebras que luego fue derogada por exigencia del FMI, y suplantada en definitiva por la ley de preservación de bienes y patrimonio cultural antes reseñada.

De tal manera el principal fundamento del decreto ley resulta ser falso, no estando por lo tanto demostrada la 'necesidad' del mismo. Y también resulta evidentemente irracional e injustificado que, mas allá de alguna situación puntual, se pretenda beneficiar indiscriminadamente a todo el sector con una prórroga de 10 años en la explotación de sus licencias, cuando semejante lapso resulta a todas luces desmesurado para ser acordado por la vía de la 'urgencia' de un decreto ley, ya que bien ese extenso plazo puede soportar el tiempo de sanción de una ley, y máxime que el Congreso por vía de la bancada oficialista ha demostrado ser expeditivo con la sanción de las normas antes mencionada para atender los asuntos en los que se encuentran involucrados los grandes medios de comunicación.

En el mejor de los casos selectivamente se podría prorrogar aquellas licencias a vencer en el corto plazo, y enviar un proyecto de ley al Congreso que canalice la problemática por la vía natural, sin resentir, la división de poderes de una manera tan flagrante y arbitraria, que deja la impresión de que hemos pasado de la 'democracia formal', que evidentemente por sus resultados no ha estado a la altura de los intereses del pueblo; a una 'democracia informal', que sin respetar en lo mas mínimo los procedimientos republicanos, con este decreto ley parecería estar al servicio de los grandes intereses, o de intereses espurios, y no de los intereses del pueblo.

Esto es evidente por que lo que parece ser un acto de justicia para algunos, en realidad instaura un perjuicio a muchos, al excluirse a quienes validamente podrían participar en un concurso abierto a los fines de la renovación de las licencias, cosa que no todos los licenciatarios actuales están en condiciones de sostener.

Al respecto cabe recordar que algunos de los actuales licenciatarios ganaron los concursos apoyados, en muchos casos, en las leyes discriminatorias de los gobiernos militares y, en otros, en las reformas neoliberales de la década de los años 90 que posibilitaron la concentración monopólica de los medios de comunicación en muy pocas manos, con los enormes riesgos que ello conlleva para la democracia, como se puede observar de la experiencia venezolana, razón por la que el gobierno nacional contradictoriamente se ha asociado al proyecto de Telesur.

Resulta claro entonces que la oportunidad y conveniencia demanda una revisión integral del decreto ley de Radiodifusión, siendo este deber que nuestra democracia ha eludido cumplir, dejando de esta manera al principal instrumento a través del que ella se realiza, que es el de informar al ciudadano, tal cual fue diseñado por la dictadura, resultando por esta razón inadmisible de plano que por de un decreto ley del mismo estilo se prorrogue por diez años los beneficios otorgados por dicho instrumento de facto.

Por todo ello solicito al Sr. Presidente la aprobación del siguiente proyecto de Ley:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, etc.