05-NOV/2015

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El 19 de octubre de 2015, la Defensoría del Público emitió una resolución, la 123, de gran relevancia para los medios comunitarios, pues recomienda a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que otorgue un reconocimiento a la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba.

Si bien se trata de una recomendación y de un caso en particular, los fundamentos resultan potentes y van en consonancia con lo que muchos venimos diciendo desde la sanción de la Ley 26.522, que regula a los medios de comunicación radioeléctricos.

Por un lado, la Defensoría cita la definición de emisora comunitaria contenida en la Ley para sostener que si existe esa definición, es porque es un sector específico dentro del gran sector de los operadores sin fines de lucro. De hecho, cita los archiconocidos ejemplos de cómo se puede ser una organización sin fines de lucro, sin ser un medio comunitario, y cómo pueden existir diferencias de peso económico y de gestión que atenten contra el desarrollo de aquellos medios específicamente comunitarios: “La definición obedece a la necesidad de diferenciarlas de otros emprendimientos no comerciales como las que podrían tener iglesias, fundaciones privadas, sindicatos con lógicas de participación, gestión y programación distintas de las emisoras comunitarias” (p. 4). Y completa sosteniendo que los medios comunitarios tienen funciones que otros tipos de medios no pueden cumplir.

Más adelante brinda elementos propios de definición de un medio comunitario, excediendo la definición contenida en la ley. Allí aparece “que son de propiedad social, no tienen fines de lucro, cuentan con programaciones abiertas a la comunidad, garantizan la emisión de voces plurales, llevan adelante una gestión participativa y promueven la experimentación sonora y técnica” (p. 6).

Entre otros conceptos importantes, la resolución afirma que existen dos paradigmas de la comunicación: aquel que la entiende como una mercancía, y aquel que la entiende como un derecho humano. Y asigna a los medios comunitarios un rol fundamental para fortalecer esta última visión de la comunicación, tal como el espíritu de la Ley Audiovisual así lo sostiene: “Esta Defensoría entiende que en la concepción de la Ley 26.522 las emisoras comunitarias son el sujeto primordial de ese nuevo capital social” (p. 6)

Asimismo, afirma que los medios comunitarios son fundamentales para la democracia ya que en estas emisoras los actores de la comunidad “articulan distintas políticas sociales en beneficio de toda la comunidad incluidas las audiencias”. Aquí es importante subrayar la diferenciación que hace entre audiencias y comunidad, ya que los medios comunitarios no solo están para ofrecer una programación como sucede con los comerciales, sino que su trabajo redunda en un beneficio hacia la comunidad ampliada, escuche o no los sonidos que se emiten por una antena. Esto implica un paso más en el reconocimiento de la especificidad de los medios del sector, cosa que siempre cuesta que sea entendida.

Otro concepto fuerte que hace la resolución es la diferenciación entre legalidad y legitimidad. Encarnado en el caso de La Ranchada, sostiene que tras 25 años de trabajo social, su existencia goza de legitimidad, que debe ser traducida en algún tipo de legalidad. “Las emisoras comunitarias, partiendo de la legitimidad de sus prácticas, dieron una batalla histórica por la legalidad cuyo resultado final aún está pendiente” (p. 6, el resaltado es nuestro).

La Defensoría también se hace eco de los múltiples reclamos que ha recibido en las distintas audiencias públicas, muchos de los cuales van en el mismo sentido respecto de la falta de garantías que se otorgan a los medios comunitarios. También cita instrumentos internacionales que sirven para defender la postura de dar reconocimiento a los medios comunitarios.

Menciona que la libertad de expresión, en su faz individual requiere de mínima participación del Estado; pero que en su faz colectiva, aquella que habla de fortalecer derechos para fortalecer una democracia basada en la expresión y el intercambio de ideas, el Estado es garante de que esos derechos se ejerzan. En este sentido, señala la responsabilidad que tiene el Estado en el desarrollo del sector que más aporta para que esa faz colectiva del derecho a la libertad de expresión se lleve a cabo: el sector comunitario. Y se pronuncia a favor de que haya un reconocimiento diferenciado de este tipo de medios dentro de lo que es el sector sin fines de lucro: “Resulta necesario una política activa del Estado que garantice el acceso a las emisoras sin fines de lucro, con medidas diferenciadas de tipo administrativo que permitan regularizar su situación legal específica de las emisoras comunitarias (…) Es importante tener en cuenta la necesidad de reconocimiento diferenciado de las emisoras comunitarias (...)” (p. 26).

Tal como desde distintos sectores hemos reclamado, la Defensoría recomienda otorgar un reconocimiento (en este caso a La Ranchada), que le permita seguir operando con tranquilidad, “hasta tanto finalice el proceso de asignación del espectro tal como prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” (p. 27). Es decir, no recomienda otorgar licencias, sino un reconocimiento, un respaldo mientras no se avance con la regularización del sector y los llamados a concursos. Respaldo que entendemos no solo sirva para acceder a fondos, sino para evitar secuestros de equipos o abusos en casos de diferendos por interferencias.

También recomienda que los criterios de evaluación sean la inserción comunitaria, la pertinencia del proyecto comunicacional, la participación, el aporte que hace la emisora a la diversidad, la promoción de derechos, y no criterios económicos (p. 28). Y pide explícitamente que esto valga para las emisoras comunitarias en general (p. 29).

Este documento, si bien como decíamos se trata de solo una recomendación y para un caso en especial, sienta otro buen precedente en el que un organismo del Estado comprende la situación, la especificidad y la necesidad de los medios comunitarios, a la vez que brinda propuestas de mecanismos concretos para garantizar su trabajo cotidiano, mismos que son aquellos que desde distintos sectores venimos diseñando, proponiendo e impulsando.


Este documento, si bien como decíamos se trata de solo una recomendación y para un caso en especial, sienta otro buen precedente en el que un organismo del Estado comprende la situación, la especificidad y la necesidad de los medios comunitarios, a la vez que brinda propuestas de mecanismos concretos para garantizar su trabajo cotidiano, mismos que son aquellos que desde distintos sectores venimos diseñando, proponiendo e impulsando.

Ya en 2003, la Ranchada había sido impulsora de una causa en la cual la Corte Suprema de Justicia dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 45 de la antigua Ley de Radiodifusión, que excluía a las entidades sin fines de lucro del acceso a licencias. Será cuestión de ver si a partir de este nuevo paso, se abre una ventana de posibilidad para seguir afianzando al sector comunitario de los medios. Será cuestión de ver si a partir de este caso, se abre una ventana de posibilidad para seguir afianzando al sector comunitario de los medios.

Fuente: Red Eco Alternativo

25-NOV/2015

El martes 24 al mediodía se reunió el directorio de la AFSCA. Entre las principales iniciativas se resolvió otorgarles un reconocimiento a alrededor de 150 emisoras de radio sin fines de lucro de todo el país, en su carácter de comunitarias. También se aprobó la entrega de otros $40 millones para el fomento de nuevos medios y la adjudicación por concurso público de los primeros canales digitales de baja potencia.

El reconocimiento  a los medios comunitarios - consigna el comunicado de la AFSCA - apunta a favorecer el desarrollo de este modo de comunicación y establece que las FM alcanzadas por la medida contarán con un puntaje preferencial para participar en futuros concursos públicos de licencias. Se trata de aquellas radios que se encuentran registradas o empadronadas, en el marco de las Resoluciones 753/06 y 1478/14, y son definidas como comunitarias. Además, las emisoras comprendidas en la primera de estas resoluciones, obtendrán la reserva de espectro prevista en el artículo 89 inciso f) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Este reconocimiento o cuasilicencia es lo máximo que el kirchnerismo le pudo otorgar a este tipo de emisoras ubicadas en zonas de conflicto tras 12 años y medio en el poder.

La iniciativa surge a partir de una recomendación realizada por la Defensoría del Público, en la que se sugería a AFSCA otorgarle el reconocimiento a la Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Ante esa solicitud, el organismo que preside Martín Sabbatella elaboró una resolución que hace extensiva la medida a todas las emisoras de este tipo, según el principio de igualdad ante la ley y en el marco de las políticas inclusivas que promueve la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el mismo marco de promoción de medios de comunicación comunitaria, se resolvió la aprobación de nuevos ganadores del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) por un total de 40 millones de pesos. Se trata de distintas líneas de financiamiento para proyectos que participaron en distintas categorías como: gestión de medios comunitarios, equipamiento para radios, producción de contenidos radiofónicos y de contenidos audiovisuales para productoras y comunicación con identidad para comunidades de pueblos originarios.

Además, el organismo aprobó la adjudicación por concurso público para la instalación, funcionamiento y explotación de los primeros canales de baja potencia de Televisión Digital Terrestre Abierta (TDTA) con y sin fines de lucro, otorgados por concurso público. Se trata de un canal en Luján (Buenos Aires), uno en La Plata (Buenos Aires), dos en Formosa (Formosa), uno en Florida (Buenos Aires), dos en Resistencia (Chaco) y dos en CABA. La adjudicataria de la licencia de TV en La Plata es el Grupo cielo. Al respecto, su competidor, Red 92 de la familia Balcedo ya adelantó que judicializará el acto administrativo.

Se asignó un canal a la Universidad Nacional de La Plata. Además, se autorizó el llamado a concurso público para la adjudicación de 19 licencias de baja potencia de TDTA, para prestar servicio con y sin fines de lucro en 6 nuevas zonas del país. Según el cronograma aprobado, los concursos se realizarán el 1° de diciembre para la adjudicación de tres licencias en General Roca (Río Negro) y tres en Concepción del Uruguay (Entre Ríos); el 2 de diciembre para dos licencias en Tandil (Buenos Aires) y tres en Santa Rosa (La Pampa); y el 4 de diciembre para tres licencias en Río Grande (Tierra del Fuego).

En la reunión, que estuvo presidida por el titular del organismo, Martín Sabbatella, y con la participación de los directores Ignacio Saavedra, Eduardo Rinesi, Claudio Schifer, Néstor Avalle, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, también se aprobó el listado de Eventos Deportivos de Interés Relevante que deberán ser transmitidos en los medios audiovisuales durante 2016.

También se adjudicó, por concurso público, la explotación de LT9 y FM 92.3 de Santa Fe (Santa Fe) y la adjudicación para la instalación de radios FM en Chaco, Mendoza, Jujuy, La Rioja y Formosa.

Asimismo, el directorio aprobó la habilitación de un servicio de cable en la provincia de Buenos Aires y uno en Catamarca; tres FM en la provincia de Córdoba, tres en Buenos Aires y una en Tierra del Fuego, Salta y Entre Ríos; y la habilitación de AM Radio Nacional en Las Lomitas (Formosa). También la adjudicación de una FM a la Iglesia Evangélica de San Juan y una FM en Alta Gracia.

El acta de directorio esta disponible en este enlace:

http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/ACTA-67-15.pdf

04-DIC/2015

En el Boletín Oficial del 2 de diciembre fue publicada la Resolución 1102 a través de la cual la AFSCA hizo una interpretación amplia del concepto de radio comunitaria y le otorgó un "reconocimiento" a estaciones operadas por asociaciones civiles sin fines de lucro. La medida fue aprobada en la reunión del directorio el 24 de noviembre. Contó con el voto de la mayoría kirchnerista y del radical Marcelo Stubrin. Gerardo Milman, opositor por el GEN, votó en forma negativa.

Por un lado se les otorga por segunda vez a las estaciones de FM que ya habían sido "reconocidas" en el año 2006. Y por otro a aquellas emisoras empadronadas a principios de este año que operan en las zonas conflictivas.

Una de las emisoras empadronadas y reconocidas pertenece al Instituto Sudamericano para la Enseñanza en la Comunicación (ISEC) que supuestamente opera en la frecuencia 87.9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este medio pudo constatar que esta asociación civil sólo transmite vía internet una radio para sus alumnos de locución y periodismo. Es más, a pocas cuadras del domicilio denunciado en el padrón, al que tuvo acceso RADIODIFUSIONdata, se encuentra la planta transmisora de Radio UBA, autorizada por el Poder Ejecutivo desde hace décadas.

Otro caso destacado es el de la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios que es una entidad cautiva del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal conducido de manera vitalicia por Víctor Santa María. Esta fundación es titular de dos radios: la FM 89.1 en CABA y la AM 1440 en Villa Gesell.

De esta forma la Resolución 1102 establece que en futuros concursos estas emisoras tendrán un puntaje preferencial sobre otras y en el caso de aquellas que ya habían sido reconocidas a través de la Resolución 753 del 2006 se les reserva la frecuencia a los fines de respetar el 33% del espectro radioeléctrico destinado al sector comunitario.

Emisoras re-reconocidas

Emisoras empadronadas y reconocidas