empresariado denuncia presion fiscal. proponen canje de deuda por publicidad

24-ABR/2009

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su grave preocupación por la "irregular y arbitraria persecución fiscal que están sufriendo los medios de comunicación gráficos y audiovisuales de todo el país". 

Advirtió que esa amenaza "puede desembocar, en el corto plazo, en la clausura de muchas pequeñas y medianas empresas periodísticas que han desarrollado durante décadas su labor en forma independiente". 

Se refirió, así, a intimaciones enviadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a centenares de medios de prensa en reclamo de la aplicación de un régimen impositivo cuya vigencia fue suspendida por la Justicia. 

En una solicitada que se publicó en varios diarios, ADEPA sostiene que la presión confiscatoria "constituye la amenaza más grave para la prensa desde el retorno de la democracia" y que implicaría "un golpe de gracia para el pluralismo y la libertad de expresión en la Argentina, concretado, sugestivamente, en un año electoral". 

Tras señalar que el periodismo es un bien estratégico y nutre con eficacia a un genuino sistema republicano, la entidad señaló que existen en el mundo políticas destinadas a preservarlo y fortalecerlo en su sustentabilidad y diversidad. "Brasil, EE.UU., Francia, España o el Reino Unido, con sus recientes medidas destinadas a paliar la actual crisis de los medios, son ejemplo de ello", añadió la entidad, que preside el doctor Lauro Laíño. 

"En la Argentina, a partir de la recesión de 1998, los sucesivos gobiernos buscaron aumentar la presión tributaria a la prensa imponiendo cargas progresivas -a la publicidad y a la venta de ejemplares- que alteraron de manera abrupta la ecuación económica de las empresas periodísticas", relató ADEPA. 

La entidad recuerda en la solicitada que ante el riesgo de un quebranto masivo, en 2001 se estableció un plan de competitividad para el sector. "En 2003 -añadió- se dictó el decreto 746/03, que extendió por seis meses los efectos de dicho régimen y por el cual el Estado se obligó a establecer una solución definitiva para corregir el desequilibrio generado en el sector. Ante la prolongada inacción estatal, la prensa acudió a la Justicia." 

Explica que "a través de dos medidas cautelares, el Poder Judicial ordenó mantener el statu quo y autorizó expresamente a seguir computando los gravámenes de acuerdo al régimen citado. Una de esas medidas se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia, por la interposición de un recurso extraordinario con efecto suspensivo, concedido por razones de gravedad institucional". 

Por su parte, la solicitada denuncia que pese a la claridad de esa protección judicial, desde hace tres meses la AFIP intima de manera abusiva a centenares de medios de todo el país a través de cartas documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras herramientas de presión. "El riesgo -añade- es que tal conducta, desplegada de manera casi desafiante pese a decisiones judiciales, no responda sólo a un exceso de afán recaudatorio sino a una finalidad extrafiscal que encubra otras intenciones, lo cual sería aún más preocupante para la libre expresión." 

ADEPA aspira a que la AFIP cese en su actitud conminatoria carente de legitimidad. "De lo contrario, la sociedad se enfrentará a la probable quiebra de muchas entidades periodísticas que apuestan a resguardar la continuidad operativa, el equilibrio económico y las fuentes de trabajo para continuar con su función informativa", precisa la entidad. 

Concluye que "debe resguardarse la actividad periodística como garantía del derecho a la información de la ciudadanía, base de una genuina democracia republicana. Sin prensa libre y sólida se abren las compuertas para el autoritarismo". 

Deuda por publicidad

En ese sentido en un texto publicado en la página que la entidad tiene en internet, su presidente, Lauro Laiño, se refirió a las numerosas reuniones celebradas con el jefe de Gabinete y con otras autoridades nacionales para que el Estado asuma el compromiso –previsto en el decreto 746/2003- de dar solución al desequilibrio fiscal que amenaza a los medios. 

Dijo que tanto el jefe de Gabinete como otros funcionarios de la Casa Rosada habían asegurado que “era voluntad política” del Gobierno dar una solución definitiva al problema y que, al respecto, la presidenta de la Nación firmaría un decreto para que los medios periodísticos gráficos y audiovisuales salden sus deudas impositivas mediante la difusión de publicidad oficial. 

“Todo parecía encaminarse hacia una solución definitiva, que la firma del decreto era inminente. Pero inexplicablemente o, tal vez explicablemente, la firma de ese decreto se fue dilatando. Ayer (miércoles) mantuve comunicaciones telefónicas con dos subsecretarios de la Jefatura de Gabinete que me informaron que la presidenta no firmó ese decreto. Es decir, que todas las promesas de dar solución al problema se desvanecieron en una mañana de Olivos”, explicó el Laiño.