proponen que las municipalidades decidan si las telefonicas pueden ofrecer triple play 

29-ENE/2007

En un artículo publicado en el periódico Ámbito Financiero, el columnista Emilio Cárdenas analiza la disputa entre las empresas prestadoras del servicio básico de telefonía y las operadoras de TV por cable por el ofrecimiento del denominado Triple Play. El autor propone tomar como ejemplo la política llevada a cabo en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comunicaciones obligó a las municipalidades a decidir si aceptan o no que ingresen los operadores telefónicos al mercado de la TV por suscripción, hasta ahora dominado en su mayoría por los cableoperadores.

Para Cardenas la competencia en un mismo rubro por parte de las Telefónicas y las Cableoperadoras favorecerá al consumidor, generando una batalla por captar el mercado con una disminución en las tarifas finales.

A continuación se reproduce la nota, publicada en la edición del 8 de enero de Ambito Financiero.

En el mundo moderno - cada vez más proclive a moverse aceleradamente en función de imágenes y mensajes cortos -, pocas cosas son más peligrosas para la salud de la democracia que los monopolios en el sector de los medios de comunicación masiva. Porque ellos suelen tejer toda suerte de alianzas - inestables, pero siempre espurias- con los actores del escenario de la política. Así lo entendió, en su momento, con el coraje del caso, Julio Ramos. La experiencia argentina reciente, especialmente la ocurrida durante la crisis de 2001, así lo confirma, y la historia sobre lo entonces efectivamente acontecido apenas ha comenzado a escribirse. 

La solución de esta delicada cuestión debería -normalmente- provenir del plano normativo, impidiendo por la vía reglamentaria la conformación de posiciones dominantes en el plano de la difusión de información e ideas. Lo que es perfectamente posible, aunque ciertamente no tarea simple, porque desde el poder político se puede disfrazar con el uniforme de la defensa de la libre competencia lo que, en rigor, son restricciones a la libertad de opinión e información, tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda. 

La tecnología puede, sin embargo, estar de pronto acercándonos alguna solución para la lucha contra los monopolios, relativamente inesperada. 

En efecto, los operadores telefónicos, gracias a los cables de fibra óptica, están entrando velozmente en el mercado de la distribución de programas televisados, hasta ahora férreamente dominado por los operadores de cable. (Lo que ocurrió hace algunas semanas en oportunidad de televisar la reciente final de fútbol entre Boca y Estudiantes es una muestra de la batalla que también entre nosotros se aproxima.) Los operadores de cable, a su vez, están (en algunos mercados, como el norteamericano, desde hace rato ya) ofreciendo activamente a sus millones de clientes no sólo televisión, sino, además, servicios telefónicos. Así, unos ocho millones de norteamericanos están ya abonados a los sistemas que utilizan Internet para las comunicaciones telefónicas, en un mercado que parece estar creciendo. Y, en contrapartida, unos cinco millones de norteamericanos reciben su televisión a través del cable del teléfono. 

Para acelerar al máximo posible la siempre saludable competencia entre los operadores telefónicos y los de cable, las autoridades federales norteamericanas que regulan las telecomunicaciones acaban de tomar una interesante decisión, que deberíamos imitar. La Comisión Federal de Comunicaciones (más conocida como FCC) ha dispuesto obligar a las municipalidades a decidir, en un plazo de tres meses, si aceptan o no que los operadores telefónicos ingresen al mercado hasta ahora monopolizado por los operadores de cable, que normalmente funcionan sobre la base de permisos concedidos al efecto a nivel municipal o de condado. 

Esta reciente decisión apunta a evitar las demoras burocráticas (con frecuencia «estimuladas> o «mañosas>) que, hasta ahora, están demorando esa posibilidad. Y a evitar las demoras que se generan cuando las autoridades locales procuran que las licencias sean concedidas sólo cuando sus beneficiarios, además de pagar un derecho a las autoridades locales por la concesión del servicio, se comprometen (en contrapartida por el otorgamiento de la respectiva licencia) a construir edificios o instalaciones con objetivos sociales absolutamente distintos. 

Los operadores de cable no aplauden, precisamente, la decisión gubernamental aludida. Naturalmente, porque ellos defienden, a capa y espada, lo que sin duda es una redituable - y poco visible-«quintita> o «vaca atada>. Por eso, algunos de ellos están recurriendo a la Justicia para por lo menos tratar de demorar las cosas con medidas precautorias, con la silenciosa esperanza adicional de poder eventualmente impedir el acceso a la televisión de los operadores telefónicos que puede perjudicar su rentabilidad, hasta ahora basada en un aumento constante de sus escalas de tarifas, que se ubica bien por encima del ritmo de la inflación. El acceso de los operadores telefónicos a la distribución de programas de televisión seguramente generaría una presión a la baja de las tarifas domiciliarias. 

Cabe apuntar que – por el momento, al menos – la competencia contra los operadores de cable que desde hace rato llega desde los satélites, que hoy tiene unos veintiocho millones de clientes en los Estados Unidos, no ha logrado aún (por sus niveles de costos) presionar las tarifas que los consumidores pagan hacia la baja. 

Hay, además, otro escenario de competencia entre los operadores de cable y los de telefonía, del que da cuenta Pierre-Yves Dugua desde las columnas de «Le Figaro>: el del acceso a Internet, donde las cosas no están más tranquilas y la competencia es bien grande. Con la aparición del DSL, los operadores telefónicos han obtenido ya la mitad del mercado disponible. Los de cable, por su parte, han caído a una participación de 41%, pese a que ofrecen servicios que todavía son algo más veloces. Pero las tarifas mandan, en la mayoría de los casos. Ocurre que los abonos mensuales a Internet que facturan los operadores de cable están en un orden de los 41 dólares. Los de los operadores telefónicos, en cambio, en uno de apenas unos 32 dólares mensuales, lo que supone una diferencia de costo apreciable, a favor de la telefonía. De allí el aumento de participación en este capítulo de los servicios, a favor de la telefonía. 

Es hora de que en la Argentina se defienda sinceramente el bolsillo del consumidor (sin urdir acuerdos invisibles con los operadores, de cuyos propósitos cabe desconfiar) y se apuntale, también en este capítulo, la lucha contra la inflación.

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