“Vamos a tener una ENTEL privada, una situacion que ni siquiera Maria Julia soño”

03-DIC/2007

En el cierre del primer día de las Jornadas ACORCA 07, el ex secretario de Comunicaciones del gobierno de Fernando De la Rua, Henoch Aguiar, se refirió así a la posibilidad de la toma de control de Telefónica a Telecom. Su disertación fue acompañada por una exposición de asociaciones de consumidores realizada por Hugo Martiello, que aportó una presentación efectuada por organizaciones nacionales y extranjeros contra la aprobación de la operación por parte del Estado Argentino. 

En el comienzo de la charla el Aguiar se refirió a la imposibilidad de competir porque “el reglamento de interconexión dice una cosa y la realidad dice otra.”. Con una fina ironía presentó “el manual de las telefónicas dominantes titulado “La interconexión al desnudo manual de trapisondas de dominantes para evitar cumplir la ley.” El texto presenta las formas sutiles de impedir la competencia, las inversiones entrantes e inhibir el derecho de elección del ciudadano, sin llegar a violar la ley y recibiendo multas que son menores que el dolo de la competencia, para quienes no la quieren” describió en el documento que se adjunta a la presente. 

De la interconexión pasó a referirse a la potencial unificación de las compañías prestadoras del servicio básico telefónico, al respecto destacó: “Se acaba de aprobar la fusión en la cuál la empresa telefónica posee un paquete mayoritario del 42%, es decir toman el control de Telecom de Argentina. En Argentina se sostiene que es sólo el 1 ,5% de Telecom de nuestro país, pero es como decir no soy dueño de ninguna parte del auto… salvo del volante. Esta clara la toma de posesión, han cambiado la estrategia, el directorio y otros aspectos.”. 

Ante la actitud del Estado enfatizó “en el caso de esta fusión, el Estado tiene la obligación de intervenir. La Secretaria de Comunicaciones debe decirlo: esta es una fusión prohibida por el marco de las telecomunicaciones. Tiene que haber una prestadora por región. Cada uno debe tener un operador responsable, que no puede cambiarse sin avisar a la autoridad regulatoria. 

Amén de eso, cuando se firmaron las nuevas licencias en el 99, en uno de sus puntos se dice con toda claridad que Telefónica y Telecom no pueden tener vínculos comerciales, societarios o propietarios entre ellas. Es decir, desde el comienzo de la privatización hasta aquí TODO EXPLICITA QUE NO PUEDEN. Si hoy tenemos problemas con la interconexión, da escalofrío pensar en las consecuencias de esta operación.” 

El peso y la significación económica quedó explícita al describir que “son un servicio público esencial que recauda unos $18.000 mm, que les da un flujo de caja disponible de $6000 mm para ver que hacen. Frente a eso, no hay que interpretar un marco regulatorio, sino ser concientes que es una cuestión de estado, en la cuál el titular de las dos empresas en posición dominante podría disponer por el país.”. Las consecuencias generales y sociales “si se aprueba esta fusión son tremendas. El Estado no podría dar marcha atrás y puede afectar la argentina por lo menos por unos cincuenta años. Tendríamos una nueva ENTEL privada, una situación que ni siquiera María Julia soñó. Se puede verificar salvo extraños casos, que el monopolio produce atraso y sólo la competencia produce avances y nuevas inversiones. Cuatro años más de desvarios, harían entrar la comunicación en crisis y llevar al país a un atraso irremediable.” afirmó al finalizar su exposición. 

El abogado Hugo Martiello expuso un documento elaborado y presentado por: 

Asociación Civil sin Fines de Lucro Consumidores Argentinos. 
Protección a los consumidores y usuarios de la República Argentina. 
Proconsumer. 
Unión de Consumidores de Argentina. 
Cruzada Cívica para la defensa de los consumidores y usuarios de los Servicios Públicos. 
Con la adhesión de IDEC de Brasil y Consumers Internacional. 

La exposición destacó “que la clara voluntad de ocultamiento, expresa el dolo que generaría la concreción de la operación. Abona la tesis de que se teme por las consecuencias que el acabado conocimiento de la operación concertada en Italia pudiera acarrear.” Concluyó “que este proceder responde al potencial daño a los consumidores e incluso a algunos de los accionistas existentes”. 

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